Constitución y República

El Adelanto (Salamanca), 12 de septiembre de 1933

El próximo pasado domingo día 3 de septiembre, se celebró aquí, en Salamanca, como en el resto de España, la elección del vocal del Tribunal de Garantías Constitucionales. Tomé parte, como concejal de hecho que soy del Concejo de la ciudad, en la elección y voté la candidatura llamada de los agrarios. ¿Que por qué? Pues bien sencillo. Eran tres las candidaturas, una de ellas la ministerial, y me decidí por aquella de las otras dos que creí derrotaría más fácilmente al Gobierno. O mejor, a la FIRPE, o aún mejor a la de la conjunción republicano socialista. Sabía lo qu significaba el voto, y que no se trataba de republicanismo ni antirrepublicanismo. La candidatura llamada agraria no tenía carácter antirrepublicano o monarquizante, como han dado en decir los mentecatos.

No se trataba, en efecto, de pronunciarse ni en favor ni en contra del régimen republicano, aunque sí en favor o en contra de lo que se da en llamar la revolución. Por lo que a mí hace, trataba de pronunciarme con mi voto no contra la República ―¡claro está que no!―, pero sí, si es que no contra la Constitución, actualmente yacente ―qne no vigente―, en favor de su revisión. Porque creo que si el Tribunal de Garantías Constitucionales cumple con su deber de justicia preparará la inevitable revisión de una Constitución y unas leves adyacentes en que vulneran los preceptos mismos que ella establece. Y no sólo creo que puede y debe haber República con otra Constitución ―o con ésta, más bien que reformada, refundida―, sino que si se persiste en mantener la Constitución tal y como salió de las Cortes, la República corre peligro.

¿Que es Tribunal de Garantías no debía de tener carácter político? ¿Que no, eh? Así tiene que ser. Para nadie es un secreto que el Gobierno sedicente revolucionario ha venido a esto del Tribunal de Garantías a regañadientes y tratando de escatimarle atribuciones. Le tenía y le tiene miedo. Sabe que ante un Tribunal así, si tiene un sentido de justicia, no pueden prevalecer no ya sólo acuerdos ministeriales evidentemente anticonstitucionales, y lo que es peor, arbitrarios, despóticos y conscientemente injustos, sino acuerdos parlamentarios, leyes votadas en Cortes también arbitrarias, despóticas y conscientemente injustas. ¿O es que hay argucia de despotismo que cuando la Constitución veda las confiscaciones pueda cohonestar las de los bienes de la Compañía de Jesús o de las fincas do la llamada grandeza? “Es la revolución”, se me ha dicho cuando he argüido esto. Muy bien, es la revolución, pero no es la justicia ni es siquiera la legalidad constitucional.

El error está ―y esto aunque se ha dicho y repetido conviene volver a decirlo y repetirlo una y otra y otra vez más― en haber querido hacer a un tiempo una revolución y una Constitución que la encauce y la enfrene; el error ha estado en haber querido hacer una revolución constitucional o una Constitución revolucionaria como si revolver sea construir. Y otro error, aun mayor, el de figurarse que el pueblo de las elecciones del 12 de abril y el que nos votó a los actuales diputados constituyentes nos pedía y esperaba de nosotros semejante revolución. No, no, no y no. Y bien claro se está viendo.

No, el pueblo español que votó la República ―o mejor que votó contra la Monarquía y la Dictadura― no pedía semejante revolución, aunque la pidiese una parte de él. Y la menor, según se está viendo y se verá aun mejor en adelante. Y hay que dejarse de oquedades como esas de derechismo e izquierdismo, comodines para uso de molleras sosas. El pueblo, ni quería esas confiscaciones ni pedía persecuciones ignominiosas y vengativas. Y aunque las hubiese pedido, que no las pidió. Es algo que abruma a la conciencia de un miembro de Asamblea legislativa el oír cómo se habla de la soberanía de las Cortes y como si un soberano tradicional o colectivo estuviese por encima no ya de la ley sino de la justicia. Nada me ha agobiado el ánimo y me lo ha entristecido tanto como el haber oído una vez a un diputado constituyente decir, para justificar un voto que tenía conciencia de haber sido injusto, que lo dio porque le dio la gana. “¡He votado esta ley porque me ha dado la gana!” Entreví la sima revolucionaria. La gana, la santísima gana, la terrible y castiza gana española. La republicana gana, que es exactamente lo mismo que la real gana. En el fondo, la Dictadura.

Y no sólo una Asamblea por delegación soberana, sino el pueblo mismo que elige y nombra no debe sentir la gana por encima de la justicia. Podrá haber, y sin duda ha habido, revoluciones justicieras; pero por lo común, cuando para tratar de cohonestar algo se dice: “es la revolución”, puede asegurarse que quien lo dice tiene conciencia de que aquello que busca cohonestar es algo injusto.

No quiero distraerme en el examen de casos particulares ―y aun singulares―; pero hemos estado viendo atropellos ―algunos que repugnan a toda conciencia honrada― para cohonestar los cuales se ha acudido a la necesidad de una defensa revolucionaria. Era el miedo a la verdad y el miedo a la verdadera justicia.

El Tribunal ese de Garantías, no muy bien nacido, si ha de cumplir su cometido, que es el de preparar la revisión de la Constitución revolucionaria ―en lo que tenga de tal―, tiene que borrar todo lo que ha hecho la gana republicana. Que al pueblo le ha ganado ya la desgana. Y no es ya cosa de conjunciones, sino de sentido de defensa nacional de la justicia para todos. Para todos.

Y que no se venga con mandangas de fascismo, de dictadura o de lo que sea. España está entregada a la más lamentable anarquía, a luchas de supuestas clases, a luchas de comarca, a luchas de confesiones. Y si ha de constituirse algo ha de ser sobre el sentimiento de justicia, que no es venganza ni represalia, y si ha de garantizarse lo constituido ha de ser sin hurtar nada al examen de la constitucionalidad.

He aquí por qué voté contra la candidatura ministerial, por entender que el Gobierno actual de la República trata de poner a salvo el necesario recurso de revisión de una Constitución que acaba con ella la República, o ella acaba con la República.